Términos y condiciones

El servicio

Cuenta Clara es una plataforma de información y herramientas para trabajadores independientes en Colombia. Incluye contenido informativo, calculadoras y una aplicación para gestionar clientes, cuentas de cobro, ingresos, gastos y aportes.

El contenido y las herramientas son informativos y no reemplazan asesoría contable, tributaria ni legal. Los cálculos se basan en los parámetros normativos publicados en cada página, con su fecha de actualización. Eres responsable de verificar la información con la fuente oficial antes de tomar decisiones.

Lo que no hacemos

No liquidamos ni pagamos la PILA ante operadores. No emitimos factura electrónica. No recomendamos fondos de pensión, EPS ni productos financieros.

Planes y pagos

El plan gratis no tiene costo. El plan Pro se paga mensual o anualmente a través de Mercado Pago; el paquete de renta puede comprarse como pago único. Los precios se publican en pesos colombianos en la página de precios y pueden incluir IVA según la norma vigente.

El plan mensual se renueva automáticamente y puedes cancelarlo en cualquier momento; no se hacen cobros posteriores a la cancelación. El plan anual no se renueva automáticamente: te avisaremos antes de su vencimiento.

Derecho de retracto (Ley 1480 de 2011, art. 47): puedes solicitar la devolución del pago dentro de los 5 días hábiles siguientes a la compra si no has utilizado las funciones Pro.

Tu cuenta y tus datos

Eres responsable de la veracidad de la información que ingresas y de la confidencialidad de tu contraseña. Tus datos te pertenecen: puedes exportarlos y eliminar tu cuenta cuando quieras. El tratamiento de datos se rige por nuestra política de tratamiento de datos personales.

Disponibilidad y cambios

Procuramos mantener el servicio disponible de forma continua, pero puede haber interrupciones por mantenimiento o causas externas. Podemos actualizar estos términos; te avisaremos de cambios relevantes con antelación razonable.

Ley aplicable

Estos términos se rigen por las leyes de la República de Colombia. Cualquier controversia se resolverá ante la jurisdicción colombiana, sin perjuicio de los mecanismos de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio.